En 2019, Susana Prieto Terrazas, abogada laboralista conocida por su activismo en favor de los derechos de los trabajadores en las maquiladoras de México, enfrentó acusaciones de extorsión por parte de la industria maquiladora en el estado de Tamaulipas. Prieto había ganado notoriedad por liderar movimientos de trabajadores en busca de mejores condiciones laborales y salarios justos, lo que la había convertido en una figura polarizante en el ámbito laboral de la región.

Las acusaciones contra Prieto surgieron en un contexto de tensión laboral y confrontaciones entre los sindicatos y las empresas en las maquiladoras. Se le acusó de presionar a las empresas para obtener beneficios económicos a cambio de no iniciar o suspender movimientos de huelga, lo cual fue vehementemente negado por ella misma y por sus seguidores. Prieto argumentó que su lucha se centraba en garantizar condiciones dignas para los trabajadores y que las acusaciones eran una estrategia para desacreditar su labor sindical.

La situación provocó un intenso debate público sobre la legitimidad de las prácticas sindicales y el papel de los activistas en la defensa de los derechos laborales en México. Partidarios de Prieto la defendieron como una defensora de los trabajadores marginados y criticaron las acusaciones como un intento de silenciar a quienes luchan por la justicia laboral. Por otro lado, sus detractores argumentaron que sus métodos eran cuestionables y que sus acciones afectaban la estabilidad económica de la región.

A pesar de las acusaciones y la controversia, Susana Prieto continuó activa en su labor de representación de los trabajadores en las maquiladoras, enfrentando desafíos legales y obstáculos políticos en su camino. Su caso no solo puso de relieve las tensiones existentes en el mundo laboral mexicano, sino que también suscitó preguntas sobre la transparencia y la ética en las relaciones laborales dentro de la industria maquiladora.