La exjefa de Gobierno de la CDMX ha sido criticada por infringir la Constitución Política de la Ciudad de México, al renunciar a su cargo sin autorización del Congreso. La ahora exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se encuentra bajo el escrutinio público debido a las acusaciones en su contra por violar la
La exjefa de Gobierno de la CDMX ha sido criticada por infringir la Constitución Política de la Ciudad de México, al renunciar a su cargo sin autorización del Congreso.
La ahora exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se encuentra bajo el escrutinio público debido a las acusaciones en su contra por violar la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta situación le ha generado críticas y cuestionamientos por su incumplimiento a las disposiciones constitucionales, así como por su falta de compromiso con el Estado de Derecho.
Recientemente, Sheinbaum anunció e hizo efectiva su separación definitiva del cargo de Jefa de Gobierno, para aspirar a la candidatura presidencial en 2024 por Morena. Sin embargo, el Artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que las y los jefes de gobierno tienen la obligación de permanecer en el ejercicio de sus funciones durante todo su mandato, salvo en casos justificados y previamente autorizados por el Congreso, lo cual no se efectuó como lo estipula la norma jurídica.
Ante estas acusaciones, Sheinbaum ha defendido su postura argumentando que su separación del cargo cuenta con la autorización correspondiente. Sin embargo, la falta de detalles sobre los fundamentos de esta autorización han generado interrogantes sobre su respeto por las normas y la rendición de cuentas como servidora pública.
Incluso, cuando hizo el anuncio a la opinión pública, la exjefa de Gobierno dijo: “he tomado la decisión de separarme definitivamente del cargo”, pero nunca mencionó haber solicitado licencia al Congreso de la Ciudad de México, como lo establece la ley.
En respuesta a la controversia, diversos actores políticos y jurídicos han solicitado una investigación exhaustiva para determinar si la Jefa de Gobierno ha violado el Artículo 32 de la Constitución, y si es el caso, se esperaría que las autoridades tomen las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas.