En un giro inesperado que sacude los cimientos políticos de Cuernavaca, la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado un fallo contundente contra el alcalde José Luis Urióstegui Salgado. Urióstegui y su equipo jurídico están obligados a desembolsar casi 2 millones de pesos a la regidora Patricia Torres Rosales, de Morena.

La regidora Torres, afectada por un trágico accidente tras el colapso de un puente en junio de 2022, que le causó una fractura expuesta, narró cómo el Ayuntamiento manipuló su vulnerabilidad. Según ella, fue forzada a solicitar una licencia sin sueldo mientras el municipio se desentendía de su condición médica y realizaba retenciones indebidas de cuotas del ISSSTE.

La justicia ha dado la razón a Torres. El Tribunal local estableció que no debió ser obligada a separarse de su cargo y que el Gobierno municipal era responsable de su atención médica, además de tener que pagar sus salarios caídos. El total: casi 2 millones de pesos.

Pero la trama se complica. Urióstegui no se rinde y busca llevar el caso a la Sala Superior para retrasar el pago. Paralelamente, Torres enfrenta una batalla legal en la Fiscalía Anticorrupción, exigiendo castigo no solo para funcionarios menores sino para los verdaderos arquitectos del desastre, incluyendo al secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Humberto Paladino, y al ex secretario de Desarrollo Sustentable, Pablo Aguilar.

Este escándalo no solo pone a Urióstegui en la cuerda floja sino que también revela profundas fisuras en el tejido gubernamental de Cuernavaca, marcado por la negligencia y la corrupción. Con la regidora aún esperando más cirugías y el Ayuntamiento en el ojo del huracán, la ciudadanía exige respuestas y acciones concretas. Este caso podría ser decisivo para el futuro político de Urióstegui y su administración, en un momento donde la transparencia y la justicia son más necesarias que nunca.