De más de 100 carpetas de investigación por maltrato animal hechas en el estado de Puebla, sólo una de ellas ha tenido avances significativos, señaló Maricela González Juárez, del Movimiento Animalista-Zacatlán, al hablar sobre la problemática en la entidad ante las constantes agresiones difundidas en redes sociales.

Según su explicación y tras la postura del gobierno del estado ante la presión hecha por grupos animalista, para garantizar el bienestar animal en los 217 municipios: “lo que hace falta es que se aplique la ley sin escusas”, señaló.

La entrevistada consideró que la creación de centros de bienestar en cada demarcación significaría mayor seguimiento, investigación y vinculaciones a proceso por parte de la autoridad judicial investigadora.

«Lamentablemente, en el estado de Puebla, al día de hoy solo se haya emitido una orden de aprensión, y ninguna sentencia, por tema de maltrato animal; en Puebla, la ley lo dice claramente: son hasta ocho años de cárcel, aquí el problema es que hay falta de justicia aun cuando hay una fiscalía especializada en maltrato animal», dijo.

Para la también miembro de la organización «Caritas de pelos«, lo que esperan son resultados por parte de las autoridades, según su ámbito de su competencia, sobre todo después de los llamados y pronunciamientos que ha hecho el gobernador del Estado en este sentido: «es triste que no estén dando resultados en los tres órdenes de gobierno y que se esperen hasta que la gente se canse y hagan sus manifestaciones, como la que ocurrió en Angelópolis, para que entonces nos miren.

Mientras destacaba la importancia del gobierno municipal, primero respondientes, acorde a la ley en la materia, que los faculta que en el caso de que no tengan reglamento sobre tenencia responsable de animales o un centro de bienestar animal, así como un centro de control de perros y gatos, la Ley Estatal de Bienestar Animal del Estado de Puebla, señala que la autoridad municipal es el primer respondiente, lo que ha representado que, en algunos casos, no hay una respuesta adecuada, a pesar de estar obligados por ley.

En la Sierra Norte

Mientras tanto, los casos que le toca dar seguimiento, por estar en la Sierra Norte de Puebla, son cuatro: el de Dino, un perro que fue asesinado a machetazos por un hombre que, si bien fue detenido, su liberación ocurrió dos horas después; el caso del cachorro que fue decapitado por unos jóvenes en Amixtlán, que, tras la circulación de un video en redes sociales, la población se indignó por la saña y regocijo con la que actuaron los agresores, hecho ocurrido en febrero de 2022.

También enfatizó el caso de envenenamiento masivo de perros en pleno centro histórico de Chignahuapan, ocurrido entre el 13 y 15 de septiembre pasado, así como la muerte de un gato en el municipio de Huitzilan de Serdán, a manos de cuatro jóvenes, ocurrido apenas el pasado 13 de septiembre.

Casos virales

Sobre el caso de Dino, es uno que le tocó dar seguimiento desde su inicio, en el que no ha habido respuesta a la denuncia que interpuso el dueño del can en Xicotepec y, aunque el denunciante ha sido muy insistente y preocupado porque se haga justicia para su perro, incluso estuvo una manifestación desde la tarde al amanecer en el plantón ocurrido recientemente, no ha habido resultados.

Otro de los problemas es que los ministerios públicos no están capacitados para atender casos de maltrato animal: «ya hay una declaración, una orden del ejecutivo del estado para que haya más fiscalías especializadas a nivel regional que pueda atender directamente en los casos de maltrato animal, como en el caso de Dino que tardó meses para ser canalizado a la fiscalía especializada y sigue la carpeta abierta», apuntó.

Sobre el caso de Amixtlán, narró que los dos agresores, al momento de la decapitación del perro, eran menores de edad, lo que facilitó que la fiscalía alegara que por la condición de menores de edad no se pudieran vincular a proceso, como ocurrió con la joven de Huauchinango que sacrificó a un cachorrito: «no puede ser pretexto de que los menores de edad no puedan ser castigados, cuando hay evidencia clara y difundidas en redes sociales de un delito», argumentó.

Retomando su narración sobre el caso de Amixtlán, abundó en que el edil local llevó a cabo una comparecencia, la que se levantó un acta con el juez calificador y se llegó a una reparación del daño, que fue lo único que se logró; en Huitzilan de Serdán ocurrió lo mismo, solamente un acuerdo de reparación del daño, en donde el edil actuó de manera prudente, adecuada y con atinadas decisiones, considerando la prontitud con la que resolvió, según la entrevistada.

Aunque hubo una sanción administrativa, González Juárez precisó que aún queda abierta la puerta para la denuncia penal, en el caso de la muerte del gatito, a pesar de que hay una reparación del daño, faltaría que «Carlos» el dueño del minino presente la denuncia, si así lo decide, para que no solamente se sancione administrativamente, no también de manera judicial.

«En verdad es dramático lo que está pasando con los animales, no nada más con los perros, también los gatos y los animales de corral, así como los de trabajo, como los caballos, porque la gente no reconoce que son seres sintientes», finalizó.