A través de un documento, asociaciones civiles y ciudadanos de 52 municipios del estado, solicitaron al Congreso local frene la discusión en comisiones de la propuesta de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, hasta que sea promulgada la legislación federal en la materia y por transgredir los derechos humanos.

El documento fue signado por mil 892 habitantes preocupados por la obligación del Estado de garantizar el ejercicio libre e informado de los derechos humanos, y también por la situación de los recursos naturales, en particular el agua potable y su saneamiento en la cuenca del Alto Atoyac de la que forman parte.

Ahí, enlistaron a una serie de peticiones, entre las que se encuentran suspender el proceso de análisis y revisión sobre la iniciativa y que el Congreso espere a la conclusión del proceso de trabajo y definición de la nueva Ley de Aguas Nacionales, para garantizar que la estatal esté en armonía, respete y se sujete a la consideración de que el agua y el saneamiento son derechos humanos individuales y colectivos.

Además, recomendaron comenzar un proceso de información, consulta y deliberación culturalmente adecuada con las comunidades, que lleve el tiempo que sea necesario y suficiente para las mismas comunidades, para establecer los contenidos que deberá contemplar una nueva propuesta sustentada en los derechos humanos.

También, plantearon que se sustente en las obligaciones del Estado de garantizar los derechos humanos individuales y colectivos al agua, al saneamiento, a la información y a la participación comunitaria.

De igual forma, pidieron que la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento informe de manera periódica, oportuna y adecuada sobre todos los planes, proyectos y acciones que pretenda realizar en torno al agua.

PIDEN PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD

Aunado a lo anterior, sugirieron promover la participación de todos los sectores de la sociedad interesados e involucrados en la gestión integral y sustentable del agua en todas las etapas necesarias para la toma de decisiones al respecto.

Añadieron que deberá priorizar el derecho a contar con agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso doméstico de acuerdo a las características de la vida en las comunidades del estado.

Señalaron que la cuenca es una región de emergencia sanitaria y ambiental, con graves afectaciones a la salud de las personas, de la flora y la fauna regional, relacionadas con la contaminación industrial.

Buscan que la ley estatal sea un instrumento jurídico que facilite la elaboración y realización de un Programa Integral de Saneamiento y Restauración de la Cuenca del Alto Atoyac.