La Confederación Obrera Revolucionaria Emprendedora de México (COREMEX) uno de los principales implicados

Una reciente investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha revelado la preocupante existencia de diez sindicatos que se involucran en actividades delictivas, específicamente en actos de extorsión. Esta situación se suma a la alarmante lista de 25 organizaciones criminales que, según la FGJEM, han integrado este delito como una de sus principales fuentes de ingresos.

Los sindicatos implicados tienen una notable presencia en sectores clave como el transporte y la construcción, especialmente en el área metropolitana de la Ciudad de México y en el Valle de Toluca. Las agrupaciones identificadas incluyen:

• 1. Sindicato Libertad
• 2. Movimiento Unificado de Gaseros de la Zona Oriente (MUGZO)
• 3. Unión 300
• 4. Los Mayas
• 5. Gente Delos
• 6. Alianza de Auto Transportistas, Comerciantes Metropolitanos A.C. (ACME)
• 7. Sindicato Nacional 25 de Marzo
• 8. Confederación Obrera Revolucionaria Emprendedora de México (COREMEX)
• 9. Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)
• 10. Sindicato Bicentenario

La influencia de estas organizaciones se extiende por un amplio territorio que abarca diversas localidades del Estado de México, incluyendo Ecatepec, Coacalco, y Nezahualcóyotl, alcanzando incluso algunas alcaldías de la Ciudad de México como Iztapalapa y Tlalpan.

Actividades delictivas y vínculos políticos

La FGJEM ha señalado que estos sindicatos no solo están involucrados en extorsiones hacia empresarios, sino que también están relacionados con homicidios y secuestros. Además, algunos de ellos han mostrado apoyo a diversos actores políticos en la región, lo que plantea serias interrogantes sobre la intromisión del crimen organizado en la política local.

Un caso emblemático fue la detención de Joel Ángel “N”, alias Skipy, en julio del año pasado. Este individuo, miembro del Sindicato Bicentenario, también fue señalado como parte de la Familia Michoacana. Su arresto resultó en la confiscación de varios inmuebles y una mina que estaban bajo control de la agrupación.

La revelación de la participación de estos sindicatos en actividades delictivas hace imperativo que las autoridades tomen medidas más contundentes para desarticular estas organizaciones y proteger a la ciudadanía. Las comunidades afectadas por la extorsión y los actos criminales claman por justicia, mientras que la FGJEM intensifica sus esfuerzos para confrontar esta creciente problemática.

En un contexto donde la seguridad pública es una preocupación constante, la identificación y desmantelamiento de estos sindicatos podría ser clave para restablecer la confianza y la paz social en el Estado de México. Las autoridades deben trabajar de la mano con la sociedad civil para asegurar que aquellas orga