En un giro inesperado que ha sacudido a la comunidad de Matamoros, la diputada Susana Prieto Terrazas enfrenta serias acusaciones de extorsión relacionadas con la industria maquiladora de la región. Las denuncias, que han provocado un revuelo tanto a nivel local como nacional, señalan a la legisladora como la principal orquestadora de un esquema de chantaje que habría afectado significativamente a este sector vital para la economía local.

Las acusaciones surgieron inicialmente en 2019, cuando varios empresarios maquiladores comenzaron a denunciar públicamente haber sido víctimas de amenazas y demandas de dinero por parte de Prieto. Según los testimonios recabados, la diputada exigía cuantiosas sumas de dinero a cambio de no organizar huelgas y manifestaciones que podrían paralizar las operaciones de las maquiladoras. Los empresarios alegan que se vieron forzados a pagar estas «cuotas» para evitar el colapso de sus negocios.

El impacto de estas denuncias ha sido profundo. La industria maquiladora, uno de los pilares económicos de Matamoros, se ha visto envuelta en una crisis de confianza y estabilidad. Trabajadores y empresarios por igual han expresado su preocupación y su deseo de que se esclarezca la verdad detrás de estas acusaciones. «Nos sentimos indefensos ante estas prácticas. Es inconcebible que alguien con tanto poder esté involucrado en actos tan despreciables», comentó uno de los empresarios afectados, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

En tanto, la comunidad de Matamoros se mantiene expectante. La resolución de este caso no solo determinará el destino de Susana Prieto, sino que también enviará un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en México.