El año con el mayor número de destituciones de agentes que no fueron a trabajar o que violaron los principios de seguridad pública fue 2022.

El número de policías de la Ciudad de México destituidos por cometer alguna falta grave se disparó en los últimos años, pues pasó de 538 oficiales sancionados en 2019 a dos mil 432 en 2022.

Entre las faltas graves señaladas en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la capital, están: detener a una persona o vehículo sin cumplir los ordenamientos constitucionales, recibir dinero, portar o usar el arma de cargo fuera del horario de servicio, no realizar la evaluación de control y confianza, ausentarse de su trabajo por un periodo mayor a tres días sin justificación y cometer algún acto de acoso o abuso sexual.

De acuerdo con una solicitud de información efectuada por El Sol de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana destituyó en 2019 a 538, en 2020 fueron 633, para 2021 ascendió a mil 631, en 2022 fueron dos mil 432 y para el primer semestre del 2023 ya registra mil 306.

Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, explicó que el repunte de casos es a causa de la pandemia por Covid-19 y no porque los policías cometieron más actos indebidos. La emergencia sanitaria originó un rezago de alrededor de 12 mil carpetas de investigación por la reducción de personal administrativo y el cierre de tribunales.

“Durante la pandemia 2020 baja mucho la actividad de la Comisión de Honor y Justicia, de las áreas administrativas se achicaron mucho, sus áreas administrativas redujeron su personal, los tribunales también cerraron, quedó estancado (…) Para principios de 2021 teníamos cerca de 12 mil carpetas en proceso, algunas no procedían por algunas razones, porque no estaban bien integradas, y ahorita tenemos dos mil 600”, dijo Figueroa a este diario.

Durante el proceso administrativo, que dura hasta dos años, el policía sólo es inhabilitado en casos graves, en donde la Comisión de Honor y Justicia comprueba inmediatamente la actuación, como el caso registrado en mayo en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, en donde un oficial de la SSC fue grabado cuando lanzó a un perro vivo a un cazo con aceite hirviendo.

“El policía no es suspendido, sólo en casos muy graves, como el caso que mató al perro juego de echarlo a un cazo. Era tan evidente, había pruebas por todas partes, entonces solicito a la Comisión de Honor y Justicia que iniciara su procedimiento de destitución”, comentó.

Figueroa señaló que más del 80 por ciento de los casos se debe a “policías faltistas”, quienes presentaron recetas e incapacidades falsas para ausentarse de sus labores por meses.

La segunda causa, explicó, es por policías que cometieron alguna falta a los principios de la institución, como recibir dinero o estar involucrados en violencia sexual, mientras que la tercera es por no acreditar la evaluación de control de confianza.

Figueroa agregó que los seis mil 540 policías dados de baja en estos últimos cinco años fueron sustituidos por nuevos elementos.

“Lo que ha sucedido los últimos años, fue que al inicio de la administración identificamos que había un número de policías faltistas, e hicimos carpetas de policías faltistas como medida de ataque a la corrupción, ese es un acto de corrupción muy evidente. Había casos de gente que se reportaba enferma meses y meses, o gente que identificábamos que presentaba receta médica falsa, a veces tres mismos presentaban la misma receta, nada más con el nombre borrado.

“Otra manera es que por ley todos los policías tenemos que hacer una Evaluación de Control y Confianza, es un requisito de permanencia que viene en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Si nosotros no cumplimos, si no aprobamos esa evaluación, también amerita una baja de la institución”, mencionó Figueroa Franco.

De 2019 a la fecha, 152 oficiales de la Secretaría de Seguridad han sido destituidos por cometer actos de acoso y abuso sexual en contra de alguna de sus compañeras. La subsecretaria asegura que eso se debe a que existe más confianza por parte de las oficiales a señalar actos de violencia ante la Unidad de Especializada de Género que abrió sus puertas hace cuatro años.

Además, de acuerdo con información de la SSC, el número de oficiales destituidos por una sentencia judicial por resultar culpables por algún delito grave como secuestro o robo ha ido al alza, pues pasó de cinco en 2019, a 19 en este primer semestre de 2023.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana estima para este año menos policías destituidos debido a que los casos rezagados también son menos.

El número de policías de la Ciudad de México destituidos por cometer alguna falta grave se disparó en los últimos años, pues pasó de 538 oficiales sancionados en 2019 a dos mil 432 en 2022.

Entre las faltas graves señaladas en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la capital, están: detener a una persona o vehículo sin cumplir los ordenamientos constitucionales, recibir dinero, portar o usar el arma de cargo fuera del horario de servicio, no realizar la evaluación de control y confianza, ausentarse de su trabajo por un periodo mayor a tres días sin justificación y cometer algún acto de acoso o abuso sexual.

De acuerdo con una solicitud de información efectuada por El Sol de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana destituyó en 2019 a 538, en 2020 fueron 633, para 2021 ascendió a mil 631, en 2022 fueron dos mil 432 y para el primer semestre del 2023 ya registra mil 306.

Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, explicó que el repunte de casos es a causa de la pandemia por Covid-19 y no porque los policías cometieron más actos indebidos. La emergencia sanitaria originó un rezago de alrededor de 12 mil carpetas de investigación por la reducción de personal administrativo y el cierre de tribunales.

“Durante la pandemia 2020 baja mucho la actividad de la Comisión de Honor y Justicia, de las áreas administrativas se achicaron mucho, sus áreas administrativas redujeron su personal, los tribunales también cerraron, quedó estancado (…) Para principios de 2021 teníamos cerca de 12 mil carpetas en proceso, algunas no procedían por algunas razones, porque no estaban bien integradas, y ahorita tenemos dos mil 600”, dijo Figueroa a este diario.

Durante el proceso administrativo, que dura hasta dos años, el policía sólo es inhabilitado en casos graves, en donde la Comisión de Honor y Justicia comprueba inmediatamente la actuación, como el caso registrado en mayo en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, en donde un oficial de la SSC fue grabado cuando lanzó a un perro vivo a un cazo con aceite hirviendo.

“El policía no es suspendido, sólo en casos muy graves, como el caso que mató al perro juego de echarlo a un cazo. Era tan evidente, había pruebas por todas partes, entonces solicito a la Comisión de Honor y Justicia que iniciara su procedimiento de destitución”, comentó.

Figueroa señaló que más del 80 por ciento de los casos se debe a “policías faltistas”, quienes presentaron recetas e incapacidades falsas para ausentarse de sus labores por meses.

La segunda causa, explicó, es por policías que cometieron alguna falta a los principios de la institución, como recibir dinero o estar involucrados en violencia sexual, mientras que la tercera es por no acreditar la evaluación de control de confianza.

Figueroa agregó que los seis mil 540 policías dados de baja en estos últimos cinco años fueron sustituidos por nuevos elementos.

“Lo que ha sucedido los últimos años, fue que al inicio de la administración identificamos que había un número de policías faltistas, e hicimos carpetas de policías faltistas como medida de ataque a la corrupción, ese es un acto de corrupción muy evidente. Había casos de gente que se reportaba enferma meses y meses, o gente que identificábamos que presentaba receta médica falsa, a veces tres mismos presentaban la misma receta, nada más con el nombre borrado.

“Otra manera es que por ley todos los policías tenemos que hacer una Evaluación de Control y Confianza, es un requisito de permanencia que viene en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Si nosotros no cumplimos, si no aprobamos esa evaluación, también amerita una baja de la institución”, mencionó Figueroa Franco.

De 2019 a la fecha, 152 oficiales de la Secretaría de Seguridad han sido destituidos por cometer actos de acoso y abuso sexual en contra de alguna de sus compañeras. La subsecretaria asegura que eso se debe a que existe más confianza por parte de las oficiales a señalar actos de violencia ante la Unidad de Especializada de Género que abrió sus puertas hace cuatro años.

Además, de acuerdo con información de la SSC, el número de oficiales destituidos por una sentencia judicial por resultar culpables por algún delito grave como secuestro o robo ha ido al alza, pues pasó de cinco en 2019, a 19 en este primer semestre de 2023.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana estima para este año menos policías destituidos debido a que los casos rezagados también son menos.