En un golpe demoledor a la campaña de Lucía Meza Guzmán para la gubernatura de Morelos, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción ha movido sus piezas contra Armando Sanders de Mendoza, un cercano colaborador de la candidata y figura clave en las sombras del exgobernador Graco Ramírez. La acusación: peculado agravado y una red de corrupción que amenaza con engullir la política morelense.

Sanders, conocido por su habilidad para tejer redes con empresarios y por gestionar obscuros negocios durante la administración de Ramírez, fue fichado por Meza mucho antes de que esta renunciara a sus lazos con Morena, lo que ahora parece una decisión más estratégica que ideológica. Fuentes cercanas al núcleo de la campaña de la oposición sugieren que Meza estaba bien informada sobre las operaciones cuestionables de Sanders, lo que levanta serias dudas sobre su criterio y la integridad de su campaña.

La trama se espesa con revelaciones sobre desvíos multimillonarios de fondos destinados a ayudas sociales, pagos ilegales a empresas fantasmas de papelería, y festivales musicales de lujo financiados con dinero público. El modus operandi de Sanders parece ser una mezcla de viejas prácticas y nuevos métodos para saquear las arcas estatales. Mientras tanto, la campaña de Meza parece desentenderse de las controversias, sumando a figuras como Sergio Estrada Cajigal, ex gobernador con su propio historial de acusaciones. Esta decisión ha generado críticas de diversos sectores, especialmente de organizaciones feministas, dado el pasado cuestionable de Estrada.

El escenario político en Morelos se vuelve cada vez más turbio. Con la justicia pisándole los talones a sus colaboradores y una campaña manchada por la asociación con figuras políticamente tóxicas, Lucía Meza enfrenta un desafío monumental: limpiar su imagen y convencer al electorado de que es capaz de liderar con ética y transparencia.