El sector industrial de Saltillo enfrenta una crisis de confianza provocada por la polémica en torno a Miguel Ángel Muñoz Betancourt, abogado y propietario de la firma «Muñoz Betancourt Legal Group» o «MB Legal Group». Su participación en la Asociación de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) ha generado una ola de críticas y cuestionamientos, ya que su rol como vicepresidente de la organización le permite acceder a información sensible sobre las empresas que posteriormente demanda en representación de trabajadores despedidos.

Los estatutos de ARHCOS establecen que solo los Administradores de Recursos Humanos pueden formar parte de la organización, lo que deja en evidencia la ilegalidad de la posición de Muñoz Betancourt, quien no cumple con este requisito.

Sin embargo, su influencia dentro de la asociación ha sido posible gracias al respaldo de Juan Sessaty, expresidente de ARHCOS y ejecutivo de APTIV, quien se aseguró de que Muñoz Betancourt fuera su sucesor, manteniendo así su control sobre la organización y sobre Xavier Galindo Valdés, actual presidente y ejecutivo de Borg Warner en México.

Las dudas sobre la legitimidad de la elección de Muñoz Betancourt como vicepresidente se intensificaron cuando se reveló que durante la votación se registraron 100 votos cerrados, un número que representa el 70% del padrón de socios de ARHCOS. Sin embargo, se ha confirmado que el número de miembros activos era considerablemente menor, lo que apunta a una manipulación del proceso electoral.

Muñoz Betancourt ha confirmado que, a través de su despacho, ha promovido demandas contra empresas asociadas a ARHCOS, lo que ha desatado la indignación de los miembros de la organización.

Aunque Xavier Galindo Valdés, presidente de ARHCOS, aseguró que el abogado tendría que renunciar si se comprobaban las acusaciones en su contra, Muñoz Betancourt se ha aferrado a su cargo, desafiando las expectativas. Esta situación podría llevar a un proceso de expulsión sin precedentes dentro de la asociación.

Fuente: Redacción