Aún cuando el gobierno de Alfredo del Mazo Maza concluyó el pasado 15 de septiembre todavía deberán ser calificadas en la Legislatura local dos cuentas públicas de sus dos últimos años de gobierno: la 2022 y la 2023.

Además, de acuerdo con el Reglamento para los Procesos de Entrega y Recepción en la Administración Pública mexiquense, las nuevas autoridades estatales contarán con un plazo de 30 días naturales para verificar el acta, hacer observaciones y en su caso, requerir a exfuncionarios para que hagan aclaraciones o proporcionen información adicional.

En caso de detectar irregularidades se deberán hacer del conocimiento del órgano interno de control para que sean aclaradas, o en su caso, se proceda de acuerdo con el régimen de responsabilidades.

Ese mismo documento prevé un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la separación del empleo, cargo o comisión de la persona para la entrega y recepción, el cual venció el viernes 22 de septiembre.

En el mes de noviembre el Órgano Superior de Fiscalización deberá entregar el informe de resultados de la Cuenta Pública 2022, con las observaciones al penúltimo año de gobierno de Alfredo del Mazo.

El siguiente año se calificará la relativa al 2023. Esa cuenta será entregada por la nueva administración, pero ocho meses y medio corresponderán a la anterior gestión.

Ninguna persona ex servidora pública está libre de responsabilidades, pues de acuerdo con la ley, las faltas administrativas siguen vigentes por tres años y las que tienen contenido económico hasta por siete años.

Contenidos

Las actas administrativa y sus anexos que se deben elaborar en estos procesos, según el manual, entre otras cosas deben contener la situación de recursos humanos con la plantilla de personal, cómo están contratados, la situación presupuestaria, gasto autorizado, ejercido, comprometido y disponible, además de la situación financiera; es decir, los ingresos estimados y reales, recursos federales, estados financieros, cuenta pública, deuda pública, cartera vencida, cuentas bancarias y de inversión, fondos de valores, entre otros.

También la situación de los recursos materiales con los inventarios de bienes, muebles e inmuebles, los que hayan sido incautados, la existencia de almacén, resguardo de bienes, programa anual de adquisiciones, procesos adquisitivos, la situación de las tecnologías de la información y comunicación con programas, equipos, contratos, convenios y adquisiciones.

Asimismo, la situación de las obras públicas, el programa anual, la relación de éstas, los servicios relacionados, el avance físico, programático y presupuestal, las auditorías, observaciones, solventaciones, lo relacionado a transparencia y protección de datos personales.

Además, se deberá integrar una relación de archivos certificados de no adeudo para constatar que la persona que entregó estuvo al corriente en sus obligaciones y libre de deudas, informes de gestión sobre el cumplimiento de obligaciones, avances de presupuesto, programas, proyectos, resultados alcanzados e informes de rendición de cuentas.

Asimismo, los libros blancos y memorias documentales y otros hechos que se consideren necesarios, llaves, credenciales, gafetes, comprobaciones de caja fuerte, cancelación de claves y contraseñas de sistemas informáticos, firmas o sellos electrónicos, tarjetas de estacionamiento, entrega física de radios y celulares con chip.