En los últimos meses, la alcaldía Gustavo A. Madero, bajo la dirección de Janecarlo Lozano, ha implementado diversos operativos con el objetivo de combatir actividades ilícitas en la demarcación. Sin embargo, habitantes y comerciantes locales han expresado su escepticismo respecto a la efectividad de estas acciones, señalando que, en muchos casos, parecen ser más una estrategia mediática que una solución real a los problemas que aquejan a la comunidad.

Un ejemplo recurrente es el de los operativos contra la venta ilegal de autopartes. Según testimonios de vecinos, tras la realización de estos operativos, donde se observan despliegues policiales y se capturan imágenes para medios de comunicación, los vendedores regresan al día siguiente a sus actividades habituales sin mayores consecuencias. Esta situación ha llevado a cuestionar si dichas intervenciones son meramente simbólicas y carecen de un seguimiento efectivo.

Un caso reciente ocurrió en la avenida Gran Canal, donde la alcaldía informó sobre un operativo en el que supuestamente se decomisaron autopartes robadas. Sin embargo, testigos afirman que lo incautado era en realidad basura y que no hubo ningún detenido, a pesar de que los puestos irregulares abarcan casi tres kilómetros llenos de autopartes de dudosa procedencia. Al día siguiente, los comercios volvieron a operar con normalidad, sin que se viera un verdadero impacto de la intervención.

Además, persisten denuncias sobre el incremento de la corrupción entre servidores públicos y elementos policiales. A pesar de las declaraciones del alcalde Lozano sobre una política de «cero tolerancia» hacia la corrupción, casos recientes indican lo contrario. Por ejemplo, en diciembre de 2024, un funcionario de la alcaldía fue sorprendido cobrando entre 300 y 1,000 pesos a peregrinos por permitirles estacionar en la «Casa del Peregrino», un espacio que debería ser gratuito. El alcalde afirmó que el funcionario fue destituido y presentado ante el Ministerio Público. Se sabe que Lozano esta permitiendo que sus servidores públicos actúen libremente y abusen de su autoridad, pues a al poco tiempo que lleva la batuta de la GAM, se ha visto un aumento en la queja de la ciudadanía, donde no atienden sus demandan de inseguridad, asistencia publica, obras y aumento de corrupción entre los servidores públicos, pues para cualquier demanda piden su famosa mochada.

Asimismo, en octubre de 2024, se reportaron amenazas de muerte hacia empleados de la alcaldía tras operativos contra la extorsión en la vía pública. El jefe jurídico de la Zona 7, Bonifacio Prado, recibió mensajes intimidatorios luego de participar en acciones para regular el comercio ambulante en la colonia Progreso Nacional. Estas amenazas evidencian la resistencia de ciertos grupos delictivos y la vulnerabilidad de los funcionarios ante la corrupción y la delincuencia.

A pesar de estos esfuerzos, la percepción ciudadana indica que las demandas de los habitantes de Gustavo A. Madero no han sido atendidas de manera efectiva. La persistencia de prácticas corruptas y la falta de resultados tangibles en materia de seguridad y orden público han generado desconfianza hacia la administración actual.

Es imperativo que las autoridades locales implementen estrategias más contundentes y sostenibles para combatir la corrupción y la delincuencia, asegurando que los operativos no se queden en acciones superficiales, sino que generen cambios reales en beneficio de la comunidad.