El desalojo a las instalaciones de lo que fue la fábrica de productos de calzado El Oso dejó pérdidas que rebasan los 20 millones de pesos, acusó Mario Alberto Cardona Flores, representante legal de la empresa.

La compañía interpuso dos denuncias de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX debido a que durante el desalojo el actuario no se identificó, hubo rapiña, robo de dos millones de pesos en efectivo, destrucción del museo de El Oso y hasta privación de la libertad a uno de los empleados.

Además, previo al desalojo, la empresa interpuso dos denuncias más, de las que no expusó detalles.

Aunque no pretende regresar a trabajar en el inmueble ubicado en el cruce de la avenida Popocatépetl y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Portales Sur, la empresa solicita la reparación del daño que, además de los 20 millones, acumula otros seis por el pago a trabajadores en los días que no pudieron laborar en la fábrica.

¿Cuándo ocurrió el desalojo de El Oso?

El 17 de enero de 2025, la fábrica de grasa de zapatos con una historia de 107 años, localizada en la alcaldía Benito Juárez, fue desalojada en un operativo realizado por presuntos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Actualmente el inmueble permanece resguardado por elementos de seguridad privada y no hay algún sello o cinta de restricción.

El 18 de enero, la empresa emitió un comunicado en sus redes sociales en el que exponen que nunca cedieron ante los actos extorsivos que recibieron por parte del crimen organizado y acusaron a las autoridades capitalinas de corruptas.

Según la representación legal, fueron 12 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, algunos de ellos encapuchados, y aproximadamente 150 cargadores quienes desmantelaron las instalaciones, llevándose computadoras, producto y dinero en efectivo que se encontraba en una caja fuerte.

En conferencia de prensa, el abogado de la empresa señaló que actualmente sostienen un juicio de arrendamiento con el propietario del inmueble, debido a que éste quiso rescindir el contrato firmado por tiempo indefinido; no obstante, negó que El Oso tenga adeudos en el pago de la renta, como circuló en redes sociales.

También descartó que el desalojo se tratara de un pleito familiar entre propietarios del inmueble y la empresa, y afirmó que el proceso legal vigente no amerita algún embargo.

“Durante el desarrollo de esta diligencia las personas que la ejecutaron nunca se identificaron, realizaron actos de vandalismo, destruyendo patrimonio histórico de la empresa, robando dinero en efectivo, esto producto de las ventas de la empresa de los primeros 17 días del mes, materia prima, muebles, equipos de cómputo, telefonía e información sensible de la empresa, entre otros bienes que forman parte del patrimonio de la misma”, dijo.

El abogado aseveró que durante el desalojo, al actuario “se le salieron las cosas de control”, debido a que ocurrieron robos, destrozos y desapoderamiento de material e información sensible para la empresa.

Al momento del desalojo, en el interior de las instalaciones había trabajadores de la tercera edad que debieron contar con la asistencia social de las autoridades y de los institutos de la Ciudad de México, lo cual no ocurrió, dijo.

Abogado pide que se investigue a jueza que ordenó el desalojo

El abogado de la compañía expuso que la diligencia de desalojo fue ordenada por la jueza Décimo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo que calificó como ilegal, ya que no atendió a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Por ello anunció que, además de las denuncias penales, interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura de la CDMX, con el fin de que revisen la actuación de la impartidora de justicia.

“Queremos hacer un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Consejo de la Judicatura a efecto de que no sólo revise la actuación de servidores públicos que, como en este caso, actuaron fuera del marco de la ley, y que se establezcan protocolos para este tipo de diligencias en el ámbito empresarial”, manifestó.

Cuestionado sobre las acusaciones de extorsión que previamente realizó la empresa a través de sus redes sociales, el abogado comentó que en este momento es necesario guardar el sigilo, para no interferir con las investigaciones; no obstante, indicó que en un lapso considerable lo harán del conocimiento público.