Presidencia de la República criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, mantener el fuero constitucional.

Presidencia afirma que no acepta que “impere la protección y la impunidad de las autoridades responsables de impartir justicia cuando está de por medio la seguridad y la protección de las y los ciudadanos”.

En comunicado, Presidencia considera que “existen elementos suficientes para señalar la falta de probidad y la actuación por demás sospechosa del fiscal de Morelos durante el tiempo que ha permanecido en su cargo, lo que ha generado un ambiente de impunidad y desgobierno en esa entidad”.

La oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador dice que “le llama la atención” que la SCJN definió el asunto una semana después de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una audiencia para solicitar la vinculación a proceso del funcionario.

De igual forma, critica que el juez de control que lleva el caso no ha fijado fecha para esa audiencia.

Presidencia destaca que la decisión de la Corte solo es aplicable para el fuero contra delitos federales, por lo que sí se puede continuar el proceso en el caso de ilícitos del fuero común.

En este caso, la FGR atrajo la carpeta de investigación por los delitos de contra la procuración y administración de justicia previstos en el Código Penal para el Estado de Morelos.

Debe señalarse que la Constitución Política de Morelos dispone en su artículo 136 que, para proceder penalmente en contra del fiscal general del estado, no se requiere que el Congreso local emita un pronunciamiento al respecto; por lo que la FGR tiene facultades de investigar y perseguir delitos del fuero común en contra del fiscal de Morelos, quien no puede escudarse en el fuero constitucional para estos casos, como tampoco puede el juez de control ignorar su obligación de proceder conforme a derecho. 

No aceptamos que impere la protección y la impunidad de las autoridades responsables de impartir justicia cuando está de por medio la seguridad y la protección de las y los ciudadanos.