Investigaciones periodísticas y testimonios laborales relacionan al sindicato con estructuras de extorsión y operadores ligados al crimen organizado.

En los últimos años, diversos reportajes han descrito una preocupante red de vínculos entre COREMEX y operadores asociados a actividades ilícitas. Aunque el sindicato niega rotundamente estas acusaciones, los testimonios de trabajadores y las observaciones de especialistas en seguridad laboral apuntan a patrones inquietantes: presiones que recuerdan a esquemas de cobro de piso, presencia de individuos sin identificación laboral rondando los accesos de empresas y prácticas intimidatorias que van más allá de lo común en conflictos sindicales. Para muchos empleados, la presencia de COREMEX deja de ser un asunto laboral y se convierte en un factor de miedo diario, donde cualquier desacuerdo puede escalar a amenazas, hostigamiento o vigilancia no solicitada.

Los artículos publicados en distintos medios han señalado también que COREMEX aparece recurrentemente en listas de organizaciones investigadas por presuntos vínculos con redes de extorsión laboral. Aunque aún no existen sentencias firmes que configuren responsabilidad penal, el simple hecho de estar bajo observación ha generado alarma entre empresas, autoridades y especialistas. En este contexto, la percepción de riesgo crece, especialmente cuando se combinan prácticas de intimidación, opacidad financiera y una estructura interna que opera con niveles limitados de transparencia. La posible vinculación con grupos delictivos no solo pone en riesgo a los trabajadores, sino que deteriora gravemente la confianza en el sindicalismo legítimo y abre un debate urgente sobre los mecanismos de control y vigilancia en el sistema laboral mexicano.