El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo solicitó al Congreso de Morelos la remoción de Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado, pues no ha aprobado los exámenes de control de confianza y ello representa una violación a los requisitos de permanencia en el cargo.

Además, en un documento de siete páginas, el gobernador marca dos problemas más para su permanencia. Primero, que ha sido vinculado a cuatro procesos penales: por retraso de la justicia, por favoritismo por encubrimiento, por feminicidio en su calidad de auxiliador y por tortura, lo que no le permitiría continuar en el cargo.

Además de que no solicitó licencia al cargo a pesar de que su ausencia duró más de 30 días, pues estuvo 48 preso en dos distintos penales.

El primer punto sería una violación a los requisitos que establece el artículo 194 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Morelos, entre los que está sujetarse “para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza”.

La solicitud llegó al Legislativo local a las 14:24 horas de este jueves, mientras Uriel Carmona se encontraba en medio de la presentación de su informe semestral ante el Legislativo, donde le fue exigida su renuncia por el único diputado de Morena presente, Arturo Pérez Flores.

“No renunciaré”, respondió el funcionario, “pues no hay nada que me impida continuar en el cargo”.

El documento enviado por el gobernador establece que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública información sobre la vigencia de los exámenes de control de confianza de Uriel Carmona y se confirmó que éste no aprobó dichos certificados.

La Ley Orgánica de la Fiscalía dice que el fiscal puede ausentarse y sus ausencias son cubierta por el fiscal metropolitano, lo que ocurrió el 5 de agosto, al día siguiente de que fue destituido. En tanto, el Congreso local hizo una reforma a su ley orgánica para proteger a los titulares de los órganos constitucionales autónomos, como la Fiscalía.

En esa reforma se estableció que la única forma en la que puede ser destituidos es por falla grave, o en su caso, hasta que un juez lo sentencie luego de un proceso penal. Sin embargo, esta reforma legal no ha sido promulgada por el gobierno del estado, a pesar de estar obligado a hacerlo. Al no haberla promulgado, no ha entrado en vigor, así que todavía no puede proteger al fiscal.