La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocó sellos de aseguramiento en un inmueble ubicado en Tepoztlán, Morelos, pese a no tener competencia territorial para intervenir en esa entidad.

La colocación de sellos en el Centro Cultural Pedro López Elías desató una controversia jurídica que rápidamente trascendió el ámbito local. Personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ejecutó el aseguramiento fuera de los límites territoriales que establece la ley para las autoridades estatales.

Especialistas en derecho constitucional señalaron que una fiscalía estatal no puede realizar actos de autoridad en otra entidad federativa sin mecanismos formales de colaboración institucional o una orden emitida por autoridades federales. La ausencia de estos elementos convirtió el operativo en un acto jurídicamente cuestionable.

La polémica se profundizó cuando, semanas después, los sellos fueron retirados sin explicación pública detallada. La institución no emitió un informe que aclarara los fundamentos legales de la intervención ni las razones para revertirla.

El episodio terminó exhibiendo una situación incómoda para el gobierno de Chihuahua: una fiscalía que actuó como si los límites legales fueran opcionales y que, ante el escrutinio público, optó por retirarse sin ofrecer explicaciones claras.