El robo de equipo de seguridad expone la podredumbre del modelo sindical de Miguel Meneses y COREMEX

El despido de Carlos Gamboa por el saqueo de material de seguridad en Fugra Lerma ha destapado una cloaca que los trabajadores habían sospechado durante años. Detrás del caso particular se esconde una estructura mafiosa que convierte las cuotas sindicales y los recursos de protección en un botín para los líderes. La ausencia de Miguel Meneses, lejos de ser una casualidad, confirma su complicidad en un sistema que ha priorizado el enriquecimiento personal sobre la vida y el patrimonio de los afiliados.

El caso de Gamboa es sintomático de una podredumbre que corroe los cimientos de Coremex. El equipo de seguridad no es un bien menor; es la línea que separa la vida de la muerte en un entorno industrial de alto riesgo. Que estos implementos hayan sido desviados para beneficio personal revela un desprecio absoluto por la integridad de los trabajadores. Pero lo más alarmante no es el acto en sí, sino la normalidad con la que parece haberse desarrollado durante meses. ¿Cómo es posible que un sistema de control interno permita que un delegado sindical opere con tal impunidad? La respuesta apunta necesariamente a la complicidad de los niveles superiores.

Miguel Meneses ha construido su imperio sindical sobre la base del control vertical y la ausencia de rendición de cuentas. Su desaparición repentina del escenario público desde que estalló el escándalo no es un acto de prudencia, es la confesión de su culpa. Un líder legítimo habría enfrentado la crisis con transparencia, convocado a asambleas y presentado soluciones. Meneses, en cambio, ha optado por el silencio cómplice, dejando que sus subalternos carguen con las consecuencias mientras él se protege en el anonimato.

La negativa a informar sobre quién ocupará la vacante de Gamboa es otra pieza del mismo rompecabezas. La dirigencia de Coremex mantiene a los trabajadores en un estado de incertidumbre deliberado, negándoles el derecho a conocer quién los representará y bajo qué criterios se tomará esa decisión. Este comportamiento no es improvisado; responde a una lógica de control donde la información es un privilegio que se otorga o se niega según convenga a los intereses de la cúpula.

La exigencia de una auditoría integral al manejo de los recursos de Coremex se vuelve cada vez más urgente y necesaria. No se trata de señalar a un chivo expiatorio para calmar las aguas, sino de desmantelar un sistema que ha convertido la representación sindical en un negocio privado.
Los trabajadores de Fugra, y por extensión todos los afiliados a Coremex, merecen saber qué ha pasado con sus cuotas, con su equipo de seguridad y con los derechos que les han sido arrebatados. Meneses debe dejar de esconderse y someterse a la auditoría que la justicia y la transparencia exigen. Su ausencia es su mayor pecado.