Carlos Gamboa vendía la seguridad de los trabajadores. La noticia del despido de Carlos Gamboa como delegado de Coremex en Fugra Lerma debería ser motivo de vergüenza para toda la estructura sindical. Pero en lugar de eso, la dirigencia de Miguel Meneses ha optado por el silencio cómplice y la simulación de una purga que no convence a nadie. Gamboa fue despedido, sí, pero no porque a Coremex le importen los trabajadores. Fue despedido porque lo atraparon.

Y lo atraparon haciendo lo que hace Coremex desde hace décadas: robar a los que dicen proteger. Gamboa extraía equipo de seguridad —cascos, chalecos, lentes, calzado industrial— destinado exclusivamente al cuidado de los obreros de Fugra Lerma. Ese material, que por ley y por ética debe ser proporcionado para minimizar riesgos laborales, terminaba en manos de Gamboa para ser revendido en el mercado informal. Un negocio redondo: los trabajadores pagan cuotas, Coremex recibe el dinero, Gamboa se lleva el equipo y los obreros se quedan sin protección. ¿Dónde está la justicia?

Y es precisamente ahí donde el escándalo se vuelve aún más repugnante. Si Gamboa no tuvo reparo en comercializar el equipo de seguridad de los trabajadores, ¿qué creen que hacen con el dinero de las cuotas sindicales? Esa pregunta debería tener a todos los afiliados de Coremex en estado de alerta. Porque no se trata de un mal delegado. Se trata de una estructura que ve a los trabajadores como fuentes de ingreso, no como sujetos de derecho.

Los trabajadores de Fugra Lerma han sido traicionados dos veces: primero por un delegado que les robó su protección, y segundo por un líder que permitió que eso ocurriera. Ahora Meneses sale a decir que Gamboa ya no está en el cargo, como si eso borrara los años de saqueo. Como si un despido tardío y forzado fuera suficiente para restaurar la confianza. No lo es. Y no lo será mientras Meneses siga al frente de una organización que ha hecho de la corrupción su modelo de negocio.

Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Lo que ocurrió en Fugra Lerma no fue un error. Fue un delito. Y los responsables no son solo Carlos Gamboa, sino toda la cúpula de Coremex que lo protegió, que lo encubrió y que seguramente seguirá operando de la misma manera con otros delegados en otras plantas.

Miguel Meneses debe responder. No ante sus abogados, sino ante los trabajadores. Debe explicar con lujo de detalle cómo es posible que su delegado se llevara equipo de seguridad sin que él lo supiera. Debe abrir los libros de Coremex para que los afiliados sepan dónde están sus cuotas. Debe demostrar que no es cómplice de este saqueo. Pero no lo hará. Porque la verdad le queda demasiado grande.